La Justicia ordenó suspender temporalmente la aprobación de nuevas construcciones de torres en Tigre, al hacer lugar a una presentación realizada por una asociación civil local. La medida fue rechazada por el Municipio que gobierna el intendente Julio Zamora, que consideró que se trata de “un fallo inédito que avanza sobre las atribuciones propias de los gobiernos locales en materia de planificación y diseño urbano”.
La medida cautelar fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro, Marcelo Gradín, y deja en stand by toda aprobación de desarrollos inmobiliarios mayores a dos pisos hasta que el Concejo Deliberante apruebe una nueva normativa de “Alturas y Perfiles Urbanos” o por un máximo de seis meses.

De esta forma, el magistrado convalidó un reclamo que hizo a fines de septiembre la Asociación Civil “Compromiso Urbano”, que interpuso un amparo ambiental “a los fines de que se dicte la nulidad” del decreto 935/25 firmado por Zamora, que estableció un límite a las construcciones en altura por encima de los ocho pisos.
En el fallo, Gradín aclaró que con la medida cautelar “no se pretende fijar una política pública, toda vez que ello depende de un accionar legislativo y de la administración, zona de reserva privativa de otros poderes, sino lograr la solución que, en el caso concreto, mejor resguarde los derechos del colectivo que representa la Asociación Civil actora, y en general los habitantes del Distrito, con el objetivo de mejorar (o por lo pronto no agravar) las condiciones ambientales y sociales en el Partido de Tigre”.
En ese marco, añadió que la decisión judicial “no conlleva la frustración del interés público, sino más bien todo lo contrario, puesto que se traduce en la concreción de garantías y derechos
constitucionalmente tutelados; resguardando los mismos ya que el verdadero interés público reside en la protección del patrimonio natural colectivo para las generaciones presentes y futuras”.
“El desarrollo económico y urbanístico es, sin duda, un componente del interés público, pero este no puede concebirse en detrimento del mandato constitucional de preservación ambiental; el interés público, en definitiva, exige un desarrollo sostenible, que armonice las necesidades económicas con la protección de los derechos colectivos y el respeto por los límites ecológicos”, remarcó.
En el texto resolutivo, Gradín dispuso “ordenar cautelarmente a la Municipalidad de Tigre que suspenda el otorgamiento de nuevas viabilidades urbanísticas y permisos de obra de todo proyecto de tipo multifamiliar o comercial mayor a dos (2) pisos -equivalente a 9 mts.-; sin que ello implique la suspensión de aquellos proyectos, con aquellas características, que ya cuenten con acto administrativo de aprobación o autorización de ejecución de obra, todo ello a partir de la notificación de la presente”.
Asimismo, aclaró que la medida tendrá vigencia “hasta tanto se apruebe una nueva normativa relativa a “Alturas y Perfiles Urbanos” o, como plazo máximo, en caso de que dicha condición no acontezca, el de 6 (seis) meses”.
La respuesta del Municipio
Tras el revés, el Municipio de Tigre expresó en un comunicado “su profunda preocupación y rechazo frente a la resolución judicial que dispuso la suspensión de toda actividad de construcción edilicia en el distrito” y calificó a la medida de “fallo inédito que avanza sobre las atribuciones propias de los gobiernos locales en materia de planificación y diseño urbano”.
“Esta medida genera un impacto negativo inmediato sobre el empleo, la inversión y el desarrollo económico de nuestra comunidad”, aseveró, para luego agregar que “la construcción es una actividad estratégica para Tigre: motoriza el crecimiento, impulsa el comercio de cercanía y sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos”.
En ese marco, destacó que “durante las últimas décadas, el desarrollo urbano del Municipio permitió la llegada de nuevas familias, la radicación de inversiones privadas y consolidó a Tigre como uno de los distritos más dinámicos de la provincia de Buenos Aires”.
En otro párrafo, la administración de Zamora reafirmó “la necesidad de avanzar en una planificación urbana integral, que contemple las particularidades de cada localidad y garantice un equilibrio adecuado entre crecimiento, densidad poblacional y preservación ambiental”.
“En este sentido, se encuentra actualmente en consideración del Honorable Concejo Deliberante un nuevo perfil urbano, que propone limitaciones razonables de alturas según las características de cada zona, con el objetivo de fortalecer un desarrollo armónico que cuide el ambiente, sostenga el empleo y promueva el progreso económico”, concluyó.
