Los propietarios de una verdulería del partido bonaerense de Pilar fueron condenados a diez años de prisión por explotar laboralmente a una adolescente a quien captaron con falsas promesas en la localidad boliviana de Potosí y la hicieron cruzar la frontera hacia Argentina por el río sin ningún tipo de control migratorio. Una vez en el país, la joven fue forzada a trabajar bajo condiciones abusivas y sin salario.
La sentencia del juez de Cámara Matías Mancini, del tribunal de San Martín, acreditó que la joven fue “captada mediante engaño y abusando de su situación de vulnerabilidad” por los condenados, quienes conocían su edad y su situación de extrema pobreza. El objetivo: hacerla trabajar en la verdulería “El Peaje”, ubicada en el kilómetro 65,5 de la Colectora Panamericana, en Fátima, Pilar.
En Bolivia le ofrecieron un trabajo en Argentina, asegurándole “buena paga y buenas condiciones laborales”. Días la subieron a una camioneta, la bajaron en la frontera con Jujuy y la obligaron a cruzar por un río.
Cruce ilegal por la frontera
La adolescente, sin documentación propia, fue persuadida en 2020 para cruzar la frontera por un paso ilegal en Villazón. Caminó más de cuarenta minutos por el cauce de un río, hasta que del lado argentino, en Jujuy, los esperaba otro de los ahora condenados para seguir viaje hasta Pilar.
En el comercio donde fue alojada y explotada, las condiciones eran miserables: sin posibilidad de comunicarse con su familia, sin atención médica durante episodios de convulsiones, y bajo vigilancia constante. “Dormía en la cocina porque le asignaron un cuarto que debía compartir con cinco hombres, lo cual le generaba temor”, relató la fiscalía. La encargada del lugar organizaba las tareas, retenía su salario “como ahorro” y la manipulaba para evitar que se tomara días libres.
Qué delitos se investigaron
Los hechos constituyen trata de personas en la modalidad de captación, traslado y acogimiento con fines de explotación, agravada por el engaño, la intervención de más de tres personas, la minoridad de la víctima y la consumación de la explotación. También se sumó el delito de tráfico de personas agravado.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal de Campana y luego por el fiscal Santiago Marquevich, contó con testimonios de la víctima, profesionales del Programa de Rescate de Víctimas de Trata y funcionarios que participaron del allanamiento en “El Peaje”.
Allí encontraron a otros trabajadores en condiciones similares: sin contrato, sin salario efectivo y alojados en condiciones precarias. Algunos de ellos declararon que temían perder su único lugar de residencia si eran expulsados del puesto de trabajo.
“La joven fue sometida a un trabajo alejado de toda protección legal, en un contexto de extrema vulnerabilidad del que sus captores se aprovecharon”, sostuvo el juez. También subrayó que la adolescente fue coaccionada desde el inicio y que su negativa a realizar el viaje fue neutralizada por presión emocional y amenazas solapadas. “Menos mal que volviste, si no te íbamos a ir a buscar”, fue una de las frases registradas por el tribunal.
Dignidad humana
El juez Mancini advirtió que “la trata de personas constituye un ataque directo a la dignidad humana, convirtiendo a la persona en un instrumento intercambiable, despojado de sus atributos fundamentales”.
Además de las penas de prisión, se ordenó el decomiso de los bienes utilizados en la maniobra El tribunal dispuso que estos bienes sean destinados a una reparación económica para la víctima, en el marco de la Ley 26.364 de lucha contra la trata de personas.
