Un Tribunal de San Isidro condenó a penas de prisión efectiva a tres acusados que montaron un circuito de captación, alojamiento y cobro de servicios sexuales en la zona Norte del conurbano bonaerense: se reconstruyó cómo operaba con la administración de departamentos y hasta garajes de la zona donde se alojaba a las mujeres.
El juez del Tribunal Javier Anzoátegui condenó a cuatro años de prisión efectiva al empleado de un lavadero de autos, a otro hombre que trasladaba a las mujeres y a una encargada de manejar “disponibilidades, turnos” y quedarse con el porcentaje de las ganancias.
Según surgió de la investigación, el esquema funcionaba desde hacía tiempo y se sostenía sobre la vulnerabilidad económica de las víctimas.
El tribunal destacó que no se trataba de un acuerdo voluntario sino de una estructura montada para lucrar con la prostitución de otras personas.
Aprovecharse de la actividad ajena
En la audiencia de alegatos, la fiscalía había pedido penas de entre cuatro y seis años de prisión. La defensa planteó que no había coacción ni sometimiento y que cada una de las mujeres actuaba por decisión propia, argumento que el juez rechazó al señalar que el tipo penal no exige violencia física para configurarse, sino el aprovechamiento económico de la actividad ajena.
“El ánimo de lucro y la organización montada para obtener beneficios económicos a partir del ejercicio de la prostitución de otras personas quedan acreditados por los testimonios, los registros de comunicaciones y la prueba documental”, afirmó Anzoátegui en uno de los pasajes centrales de la resolución.
La sentencia ordenó además medidas complementarias vinculadas a la asistencia de las víctimas y la evaluación de sus condiciones de seguridad.
