Un fallo del Juzgado en lo Civil y Comercial 13 de San Isidro, a cargo del juez Guillermo Ottaviano, dispuso una medida cautelar que prohíbe la castración química de carpinchos en Nordelta y suspende las obras que alteren los humedales en el complejo ubicado en el partido bonaerense de Tigre. La decisión judicial llega en medio de una prolongada controversia entre los vecinos del barrio privado, ambientalistas y autoridades provinciales sobre cómo manejar la convivencia con los animales silvestres.
La medida podría ser apelada, por lo cual no está dicha la última palabra.
La resolución se dictó tras una presentación de asociaciones ambientalistas que denunciaron el “riesgo inminente” que afrontan los carpinchos por prácticas de control poblacional no autorizadas, como la aplicación de anticonceptivos químicos, y por la alteración constante del entorno natural.
“El hábitat de la fauna nativa constituye un bien jurídico protegido, y su preservación no puede quedar supeditada a criterios de conveniencia vecinal o económica”, sostuvo el juez Ottaviano en su resolución.
Una medida de protección integral
La cautelar impide expresamente “la castración química o cualquier otro método de esterilización o control de la fauna silvestre” dentro de Nordelta y zonas aledañas, al considerar que esas prácticas vulneran la Ley Provincial de Fauna (Decreto-Ley 10081/83) y la Ley Nacional 22.421, que protegen a las especies autóctonas.
También ordenó suspender toda obra o modificación del terreno que pueda dañar los humedales, así como fumigaciones o tratamientos químicos que afecten la flora y fauna local.
“La protección del ambiente no es un favor, sino una obligación legal del Estado y de los particulares”, subraya el texto del fallo.
De este modo, la Justicia hizo lugar al reclamo de grupos ambientalistas que venían denunciando el impacto de las urbanizaciones sobre los ecosistemas del Delta. En los últimos meses se habían registrado carpinchos heridos y muertos por atropellamientos, alambrados o desbordes cloacales.
Un conflicto que divide a Nordelta
El crecimiento de la población de carpinchos —una especie autóctona del Delta del Paraná— se convirtió en motivo de disputa entre los vecinos del exclusivo barrio cerrado. Algunos residentes denunciaban daños en jardines o choques con autos, mientras otros defendían el derecho de los animales a permanecer en su hábitat original.
El tema escaló cuando circularon versiones sobre un plan para controlar la población mediante castraciones químicas, impulsado por autoridades ambientales locales. La medida despertó una fuerte reacción de organizaciones ecologistas y de la comunidad científica, que advirtieron sobre los riesgos de intervenir sin estudios previos ni aval legal.
“Intentar esterilizar carpinchos sin autorización científica ni técnica es una forma de maltrato animal encubierto”, sostuvo la Fundación PAREMOS EL ECOCIDIO, una de las impulsoras de la demanda. “El fallo reconoce algo básico: los carpinchos no invadieron Nordelta; Nordelta invadió su territorio natural”, agregaron.
El valor ecológico y la convivencia
El juez Ottaviano destacó que los carpinchos cumplen un rol ecológico clave en los humedales, contribuyendo a la regulación del ecosistema y al mantenimiento de la biodiversidad. Por eso, el fallo insta a las autoridades provinciales a diseñar un plan integral de conservación y convivencia, que contemple censos poblacionales, restauración del hábitat, corredores biológicos y campañas de educación ambiental.
En esa línea, especialistas del Conicet recordaron que los carpinchos “no representan un peligro sanitario ni ecológico”, y que los conflictos surgen de la falta de planificación urbana y de la apropiación de zonas inundables por parte de los desarrollos inmobiliarios.
Un precedente ambiental
La decisión judicial fue celebrada por organizaciones ambientalistas y sectores académicos, que la calificaron como un precedente relevante en materia de derecho ambiental y protección de fauna silvestre.
“El fallo de Nordelta pone en primer plano la necesidad de aplicar el principio precautorio: cuando existe riesgo de daño ambiental grave, la ausencia de certeza científica no puede ser excusa para no actuar”, señaló la abogada ambientalista María José Guazzone, integrante del colectivo Defensores de la Tierra.
También recordó que los humedales del Delta del Paraná están protegidos por normas provinciales y tratados internacionales que obligan a su conservación, más allá de la propiedad privada. “No se puede seguir construyendo sobre el humedal como si fuera tierra firme”, afirmó.
Próximos pasos
La medida cautelar tiene carácter preventivo, pero podría derivar en una resolución definitiva si se comprueba que las actividades urbanísticas y los intentos de control animal violan las leyes ambientales.
Fuentes judiciales anticiparon que se solicitarán informes técnicos a la Dirección de Flora y Fauna bonaerense y a la Autoridad del Agua para evaluar el impacto de las obras y el estado del ecosistema.
Mientras tanto, el fallo obliga a las partes a abstenerse de cualquier acción que modifique el equilibrio natural del área. “El desafío no es erradicar carpinchos, sino aprender a convivir con ellos”, resume el escrito.
Sin embargo, podría apelarse.
Por ahora, los carpinchos seguirán siendo parte del paisaje de Nordelta, esta vez, amparados por una resolución judicial que reconoce su derecho a existir en su propio hábitat.
