Llegaron de madrugada con ropa de trabajo que parecía ser de la empresa prestataria del servicio en zona norte de la provincia de Buenos Aires, Telecom. Eran seis en una camioneta Amarok, estacionaron y comenzaron a cargar cableado.
Una vecina se inquietó por el horario y porque el trabajo no parecía urgente. Los filmó y llamó al 911. Cuando llegó la policía dijeron ser empleados de la firma que instalaban fibra óptica, algo que desde la empresa desmintieron de inmediato. Quedaron todos presos pero el daño estaba hecho: cortaron 200 metros de cable de cobre de una cámara subterránea de la red primaria y dejarón sin telefonía ni Internet a 1468 clientes, con una pérdida calculada en 20 millones de pesos.
De qué delito se trata
Ahora la Justicia confirmó que se trata de un robo agravado cometido en poblado y en banda, en concurso con el delito de interrupción del servicio de telecomunicaciones, y consideró acreditado que la maniobra fue planificada, ejecutada y consumada.
El hecho ocurrió en la madrugada del 4 de abril de 2024, en el partido de Tres de Febrero.
El grupo llegó a cortar unos 200 metros de cable de cobre de una cámara subterránea de la red primaria de la empresa. Según consta en el acta policial, los hombres se encontraban vestidos con chalecos refractarios, cascos y elementos de seguridad, y habían desplegado conos viales, sogas, escaleras metálicas y herramientas de corte, simulando ser personal técnico autorizado.
. “Desde mi casa vi cómo manipulaban una cámara subterránea y desviaban una de las cámaras de seguridad que apuntaba hacia la vereda”, declaró la vecina luego ante la Justicia. La mujer llamó de inmediato al 911, filmó la secuencia desde su teléfono celular y aportó las grabaciones del sistema de seguridad de su domicilio, que permitieron reconstruir el episodio.
In fraganti
Cuando el personal de la Unidad de Prevención Local de Tres de Febrero llegó al lugar, encontró a cuatro de los hombres en superficie, a otro dentro de la cámara subterránea cortando cables, y a un sexto a bordo de un camión Mercedes Benz LO 1114 con caja abierta, preparado para cargar el material sustraído. Minutos antes del arribo policial, una camioneta Volkswagen Amarok blanca se había retirado del lugar con su caja cerrada, presumiblemente con parte del cable robado.
Los jueces de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Agustín Lugones y Juan Pablo Salas, destacaron que el hecho fue “planificado y coordinado” y que “la maniobra se encontraba en plena ejecución al momento del arribo policial, con una participación activa de todos los intervinientes”.
En ese sentido, remarcaron que la hipótesis de la defensa, que pretendía reducir el episodio a una tentativa, “queda descartada ante la comprobada sustracción de los cables y el daño efectivo ocasionado”.
El fallo cita el informe técnico elaborado por Telecom Argentina S.A., que “establece de manera categórica que los cables sustraídos integraban la red primaria en servicio y que su remoción provocó la interrupción de los servicios de telefonía e internet, con un perjuicio económico estimado en más de veinte millones de pesos”.
Por eso, los camaristas concluyeron que “han quedado acreditados tanto los aspectos objetivos como subjetivos de las figuras legales involucradas”
También tuvieron en cuenta que los acusados “conocían perfectamente la ajenidad de los bienes y la falta de autorización para manipularlos o sustraerlos”.
Embargo millonario
La resolución también confirmó el embargo por 25 millones de pesos dispuesto por el juez de primera instancia, al considerar que la medida “se ajusta a las constancias del expediente y a la naturaleza y gravedad de los hechos imputados”, y que resulta necesaria para “asegurar la eventual pena pecuniaria, las costas del proceso y una eventual reparación integral del daño ocasionado”.
El fallo deja una advertencia sobre un delito en crecimiento: el robo de cables no sólo genera pérdidas económicas millonarias, sino que además afecta servicios esenciales de comunicación, dejando a miles de usuarios incomunicados, lo cual agrava las acusaciones y lo vuelve un tema del fuero federal.
En este tipo de delito se tiene en cuenta la gravedad de los hechos imputados por los miles de damnificados ante el corte de un servicio que ya se considera esencial, además del perjuicio económico concreto estimado por la empresa damnificada y la necesidad de asegurar una eventual reparación integral del daño ocasionado
