La Municipalidad de San Isidro no logró ser aceptada como querella en una investigación que avanza en los tribunales federales de Retiro vinculada a presuntas irregularidades en la licitación y construcción de viviendas para sectores vulnerables, del Plan Federal en barrios del partido del norte bonaerense, lanzado en 2005.
La Cámara Federal porteña integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sostuvo que el municipio no demostró un perjuicio concreto que lo habilite a intervenir como parte acusadora y que además si bien los hechos son de gestiones anteriores, no puede descartarse que pueda haber intereses incompatibles con el rol de acusador en el caso.
Los jueces marcaron que, aunque San Isidro afirmó que recursos municipales habían sido afectados, “no se ha expresado ningún dato concreto que permita validar esa afirmación”. Y agregaron que ninguno de los planteos “demuestra la existencia de un perjuicio o interés legítimo que exceda aquel que representa el Ministerio Público Fiscal”, es decir, la fiscalía.
Qué se investiga
En su resolución, la Cámara recordó que la hipótesis de la fiscalía se concentra en presuntas irregularidades vinculadas al “Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”, cuyo convenio fue firmado en 2008 por la Nación, la provincia y la Municipalidad de San Isidro, entonces representada por Gustavo Posse. En ese acuerdo, el municipio declaró “contar con fondos suficientes para asegurar que se finalizaran las obras dentro de los plazos y con la calidad que se había convenido”.
La denuncia refiere que las obras se paralizaron en 2007 y que ya desde los primeros años habían registrado cuestionamientos sobre el proceso.
En la resolución judicial se recordó que se trata de un convenio firmado por la “Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro (representada en aquel entonces por Gustavo Posse)”
Firmaron el “Convenio Particular -Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas-Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”. Mediante
dicho acuerdo, el municipio asumió el compromiso de aportar los recursos que fueran necesarios para hacer frente a las diferencias que pudieran exceder el monto que financiaba la Nación, declarando contar con fondos suficientes para asegurar que se finalizaran las obras dentro de los plazos y con la calidad que se había convenido”
“Finalmente, y conforme se denunció, las obras se habrían paralizado en el año 2007 pero ya en los años anteriores, y desde el inicio del subprograma, habían comenzado las denuncias por irregularidades en la implementación del plan”, recodaron los jueces.
“Perjuicio directo”
El municipio sostuvo en su apelación que los hechos afectaron fondos locales y que existió “un perjuicio directo y real”. También planteó que no podía ser considerado investigado porque esa calidad “solamente aplica a personas físicas”.
La Municipalidad sostuvo que los funcionarios locales “se habrían valido de los recursos del partido causando una afectación concreta a los vecinos de San Isidro, lo que verifica el plus
que se exige para querellar”.
Sin embargo, la Cámara evaluó que, por las particularidades del caso, corresponde evitar interferencias con la pesquisa.
El fallo señaló que la maniobra habría sido canalizada dentro de la propia estructura municipal y que ello impone cautela: “La necesidad de llevar a cabo una investigación objetiva e imparcial impide de momento considerar al recurrente como persona particularmente ofendida”, es decir, habilitarlo como querella a tener acceso a toda la investigación.
Además, advirtió que permitir la intervención del municipio podría derivar en una situación incompatible: “Habilitar la participación plena de la Municipalidad podría llevar a la incorporación en el proceso de actuales funcionarios con un rol incompatible al que podrían llegar a detentar, lo que impactaría negativamente en el normal desarrollo de la causa”.
Y completó: “La asignación de una cualidad —la acusatoria— a personas que podrían ser convocadas con un signo tangencialmente contrario —la de imputados— supondría un agravio”.
Con esos fundamentos, la Cámara resolvió “confirmar la resolución que no hizo lugar al planteo efectuado por la Municipalidad de San Isidro de ser tenida por parte querellante”. También aclaró que la Municipalidad podrá acompañar documentación en el expediente, aunque sin asumir funciones propias de una parte acusadora.
La investigación está a cargo del juez federal de la ciudad de Buenos Aires Sebastián Ramos. El magistrado rechazó en septiembre pasado aceptar a la Municipalidad de San Isidro como querellante y advirtió que “quien procura asumir dicha condición revestiría, a su vez, la calidad de investigado en los hechos que forman parte del objeto de este expediente, dado que es el Municipio de San Isidro el que se encontraría, de alguna manera, involucrado en la maniobra más allá de quienes ocupen momentáneamente sus cargos públicos”.
Esa decisión quedó ahora confirmada por la Cámara Federal porteña.
