La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del administrador de un exclusivo barrio cerrado en Garín por haber impedido que la Policía ingresara con una vecina detenida para cumplir una orden judicial de arresto domiciliario. La mujer era trasladada desde un penal hacia el domicilio dentro del country que había puesto como lugar para cumplir la medida, con tobillera electrónica.
El episodio, que muestra una vez más las tensiones entre la Justicia y las administraciones privadas de los countries, ocurrió el 10 de diciembre de 2024, cuando una comitiva policial llegó al lugar con la detenida a la que se le había concedido arresto domiciliario en una de las viviendas del ese barrio, en Garín.
Pese a exhibir la orden del juez federal de Tres de Febrero, los efectivos fueron frenados en la entrada: el sistema interno de accesos registraba una restricción tajante —“NO PUEDE PASAR POR ORDEN DE LA ADMINISTRACIÓN”— dispuesta el mismo día por el administrador en relación al lote donde se ubicaba la vivienda en cuestión.
Testigos clave, entre ellos el jefe de seguridad, el auditor externo y la residente del lote, coincidieron en que la negativa surgió de la administración del barrio. La maniobra derivó en la imposibilidad de ejecutar la medida judicial, una decisión que los camaristas consideraron deliberada.
La defensa del administrador alegó desconocimiento y cuestionó la resolución de primera instancia por supuesta falta de fundamentos. Sin embargo, los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones fueron categóricos: el administrador actuó con dolo al obstaculizar la orden del juez, confirmaron su procesamiento por desobediencia a un funcionario público y mantuvieron el embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes.
